Las mujeres vivimos en una región marcada por un patrón continuo de violencias que derivan de la discriminación histórica y estructural que nos condiciona bajo nociones estereotipadas de inferioridad y subordinación.

Ello, en contraposición a los principios de igualdad y no discriminación, da paso a la violencia basada en género, que se materializa en la violencia feminicida, sexual, física y psicológica; en los obstáculos al ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y en la falta de participación política, dejando profundas marcas y afectaciones en nuestros proyectos de vida.

Adicionalmente, la pandemia tuvo consecuencias diferenciadas sobre las mujeres, como el incremento de la violencia por razón de género como resultado de las medias de confinamiento; la discontinuidad de servicios de salud “no esenciales”; las afectaciones a la educación; el cierre de espacios de recepción de denuncias de violencia y centros de acogida; entre otros.

Por cuenta de la discriminación múltiple a que están expuestas, ha impactado de manera diferenciada a las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes, lesbianas, bisexuales, trans e intersex (LBTI), con discapacidad, niñas y adolescentes.

Sin embargo, las situaciones excepcionales o de emergencia, como la pandemia, no son la causa de la violencia basada en género, sino que actúan como catalizadores del proceso de discriminación estructural al que las mujeres están sometidas. Por ello, sigue vigente la imperiosa y urgente tarea de los Estados de avanzar en su obligación, con cambios transformadores en las estructuras socioculturales que generan ese tipo de discriminación.

Las mujeres vivimos en una región marcada por un patrón continuo de violencias que derivan de la discriminación histórica y estructural que nos condiciona bajo nociones estereotipadas de inferioridad y subordinación

Efectivamente, dicha violencia se ve incrementada cuando se cruza con otros factores de discriminación estructural, como el origen étnico-racial, la edad, la condición socioeconómica, la orientación sexual y/o la identidad de género. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en el mundo, 14 se encuentran en América Latina. Además, en esos casos, un 34% de las mujeres y adolescentes entre 15 y 19 años fueron víctimas de violencia física o psicológica.

En el ámbito regional, 26 de los 35 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y 32, la Convención de Belém do Pará. Estos instrumentos generan obligaciones específicas para implementar medidas integrales y efectivas, con miras a prevenir toda forma de violencia y erradicar las causas que las sustentan.

La concretización de esas medidas puede observarse en el diseño e implementación de leyes y políticas públicas en distintos ámbitos de la vida de las mujeres, así como de las sociedades en general, tales como, las que garantizan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; los procesos de educación integral con enfoque de género y diversidades, libre de estereotipos; las medidas para mejorar las condiciones laborales y de empleo; las medidas afirmativas para alcanzar la paridad de género en espacios de toma de decisiones, entre otras.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad para visibilizar y recordar que es urgente transformar las violencias de género en mejores condiciones de vida digna, con derechos para todas las mujeres. Esto solo será posible si los Estados cumplen con sus obligaciones y si se cuenta con el compromiso de todas las sociedades de erradicar de raíz los prejuicios y las discriminaciones que perpetúan estas violencias.

*La autora del artículo es la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.