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Posibles irregularidades en la detención de Leonidas Iza, bajo la lupa de la Fiscalía; presidente Lasso toma con tranquilidad la investigación abierta

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Posibles irregularidades en la detención de Leonidas Iza, bajo la lupa de la Fiscalía; presidente Lasso toma con tranquilidad la investigación abierta

Las denuncias presentadas por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, y el asambleísta por Pachakutik (PK) Ángel Maita fueron la base para que el 12 de julio pasado el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, iniciara una investigación previa para analizar la existencia del delito de privación ilegal de la libertad durante la detención del líder de la Conaie, el 14 de junio pasado.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, y sus ministros del Interior y Defensa, Patricio Carrillo y Luis Lara Jaramillo, respectivamente, son las autoridades que aparecen como las responsables de la infracción penal denunciada. Ante ello, Toianga ya dispuso que se les notifique a estas autoridades de la fase preprocesal para que ejerzan su derecho a la defensa.

Respecto a la investigación previa iniciada, el presidente Lasso dijo que recibía la noticia con tranquilidad, puesto que la acción para la detención —anotaba— fue definida como legal por jueces y dos habeas corpus. Por el fuero de Corte Nacional que cobija al presidente de la República y a sus ministros, la causa estará directamente a cargo de la autoridad máxima de la Fiscalía General.Audiencia de juicio contra Leonidas Iza es declarada fallida; el caso pasa a manos de la Corte Constitucional para que analice un pedido puntual

La investigación, que tiene el carácter de reservada, por el momento girará en torno a la detención que sufrió Iza en el sector de Pastocalle (Cotopaxi) la madrugada del 14 de junio pasado, un día después de que se dio inicio al paro nacional con carácter de indefinido convocado por la Conaie, la Feine, la Fenocin y otras organizaciones indígenas.

Tres días después de la detención de Iza, el 17 de junio pasado, Lenín Sarzosa, parte de la defensa del líder indígena, informaba de la denuncia colocada por la Conaie contra Lasso, Carrillo y Lara por la detención ilegal y arbitraria. Aseguraba en su cuenta de Twitter que ellos son quienes deberían responder por esos hechos.

 

Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en Latacunga, la fiscal Marisela Yánez explicó que el presidente de la Conaie fue detenido por un coronel y un general de la Policía debido a que él, conjuntamente con varias personas, habría “paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos, como obstáculos, quema de llantas, obstaculizando el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad”.

 

En las denuncias planteadas por quienes acusan se sostiene que, mientras Iza iba en un vehículo por la Panamericana Sur, E-35, en el sector de San Juan de Pastocalle, en sentido hacia Latacunga (Cotopaxi), fue “aparentemente” interceptado por elementos militares pertenecientes al Batallón Fuerzas Especiales Patria. El líder indígena viajaba junto con otras seis personas, las cuales —dice la denuncia— recibieron golpes y agresiones verbales de “policías” para ser desalojados del automotor en el que iban.

Días después de su detención, el presidente de la Conaie, el 18 de junio, sufrió un atentado en el vehículo en el que viajaba. Ese hecho también fue denunciado por la defensa de Leonidas Iza, y se adjuntó información que podría apuntar a los responsables de un disparo en la ventana del vehículo en que estaba la autoridad indígena.

Desde su óptica de abogado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sostiene que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza, y cree que más bien todo se trata de un intento por entorpecer un poco los diálogos que se dan entre representantes del Gobierno y del sector indígena. “Los diálogos tienen que seguir avanzando”, apuntó.

La jueza Paola Bedón fue quien calificó la flagrancia en el caso Iza, proceso en el que la Fiscalía presentó siete elementos de convicción para determinar que existía el delito de paralización de servicio público, infracción penal sancionada hasta con tres años de cárcel. Esta causa de momento se encuentra suspendida, hasta que la Corte Constitucional responda una consulta hecha respecto al tiempo en el procedimiento directo definido.La Conaie presenta denuncia contra el Estado por los hechos de octubre del 2019

Leonidas Iza insiste en decir que a él jamás lo detuvieron en flagrancia; que lo que existió en su contra fue una emboscada que generó una detención ilegal y arbitraria en la que le violaron sus derechos. “La detención de Leonidas Iza (...) es un acto de persecución y prisión política que ha hecho el Gobierno nacional. Eso lo denunciamos al mundo”, señaló en su momento Iza.

El ministro Carrillo ha defendido en diversos foros el procedimiento realizado por la Policía Nacional. Ha confirmado que Iza fue aprehendido en flagrancia “obstruyendo la Panamericana E-35″. Y ha explicado, con base en información que maneja, que desde el lugar donde fue detenido el líder de la Conaie estaba “dirigiendo e impulsando” las acciones para el “recrudecimiento y radicalización de la violencia”.

En octubre de 2020, la Conaie y la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi presentaron una denuncia en la Fiscalía por la represión ejercida en las protestas de octubre de 2019, las cuales, desde su perspectiva, generaron muertes y heridos en trece días de movilizaciones.

La denuncia por delitos de lesa humanidad fue interpuesta contra el entonces presidente de la República, Lenín Moreno; la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, entre otras autoridades.

Hasta el momento no existen personas procesadas formalmente respecto a los hechos señalados en esta denuncia. El caso aún se mantiene en etapa previa de investigación. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

La Fiscalía en un comunicado recordó que, por disposición constitucional y legal, esa institución tiene la obligación de investigar todas las denuncias presentadas y, únicamente de hallar mérito, impulsará una acción contra los posibles infractores. Cifras de la Fiscalía, con corte al 6 de julio pasado, revelan que en el contexto del paro nacional se abrieron 369 investigaciones previas y se iniciaron 34 instrucciones fiscales en 21 de las 24 provincias del país. (I)

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