Tras la extradición de Álex Saab, considerado testaferro del presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, desde Cabo Verde a EE. UU., en Ecuador se reactivan los procesos investigativos, judiciales y hasta administrativos acerca del entramado de lavado de activos a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), creado en 2009 por los Gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Cuba

Las comparecencias que se dieron esta semana ante la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, fueron clave para tener precisiones de cómo habría sido el funcionamiento del proceso de lavado de dinero a través del sistema Sucre. Adicionalmente, según ha mencionado el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, ya se piensa en hacer una denuncia del tratado de constitución de Sucre para enterrar definitivamente la iniciativa.

Finalmente, el último viernes se dio la comparecencia clave de la fiscal Diana Salazar, quien aseguró que los bancos centrales de cada país tenían la responsabilidad y los instrumentos para verificar el cumplimiento de la ley en el proceso de las transacciones del Sucre y evitar comportamientos delictivos. A la par que celebró que se busque obtener información desde las principales autoridades de esa entidad. Esa podría ser una nueva puerta de investigación judicial en el tema Sucre.

En todo caso, los grandes ausentes a las comparecencias han sido Andrés Arauz, ex director Genera Bancario del BCE, el expresidente Rafael Correa y la ex ministra de lo social Doris Soliz.

A la luz del recuento que hiciera Diana Salazar, ahora se conoce que al menos cinco casos de lavado de dinero se generaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) en el Ecuador. Ellos involucraban a las empresas Foglocons, Pifo Gardens, Escatell (Espinosa Castellanos), Copera y Banco Territorial.

Los cinco casos presentan características y comportamientos similares, que dibujan el esquema del lavado: eran empresas que realizaban exportaciones a Venezuela y que recibían transferencias desde ese país, relacionadas con la empresa Foglocons.

Una vez que llegaban las transferencias producto del pago de las exportaciones, esos dineros ya entregados por el BCE a cuentas de Foglocons o de las empresas en Ecuador, salían de manera inmediata al extranjero, a paraísos fiscales o en cheques que se hacían efectivos y por ende se diluían en la economía. Esto brindaba a los fondos que llegaba desde Venezuela, una apariencia de licitud, explica Salazar.

Los productos exportados eran variados, desde construcciones prefabricadas, maquinaria agrícola, carbonato de calcio, papas, aunque el país en destacaba en ninguno de estos productos. El valor de las exportaciones era del 125 % más del valor real. En muchos casos se presume que los certificados de origen de los productos exportados eran falsos. En todos los casos, los valores de exportación no coincidían entre el Senae (Servicio de Aduanas del Ecuador) y el Banco Central.

Además en las empresas había una vinculación de terceras personas en calidad de presta nombres. Esas personas que representaban a las empresas relacionadas con Foglocons no tenían el perfil para dirigir las empresas.

De estos cinco casos, tres tienen sentencias por lavado de activos. Una más, la del Banco Territorial está a la espera de una audiencia preparatoria que se celebrará el 8 de diciembre próximo. Mientras que Foglocons obtuvo una anulación en 2014 y luego un sobreseimiento en 2016.

Justamente estas actuaciones fueron criticadas esta semana por la Fiscalía. Es que no se explica cómo la jueza Madeleine Pinoargote y más tarde la jueza Lorena Jaramillo pudieron pronunciarse a favor de los socios de Foglocons. Ellos eran Luis Eduardo Sánchez Yánez y Álvaro Pulido. Según la fiscal, esta empresa entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 movió $ 159 millones por el sistema Sucre. En este caso hubo exportaciones ficticias de materiales de construcción y paneles prefabricados para viviendas. En este caso se logró congelar unos $ 56 millones que estaban en los bancos Amazonas y del Austro, pero que finalmente fueron liberados de una manera opaca.

Adicionalmente, de lo que se conoce, la compañía Pifo Gardens habría realizado 48 transacciones en seis meses, a través del Sucre, por exportaciones de carbonato de calcio con sobreprecio a Venezuela. Pifo Gardens exportaba este carbonato de calcio, que en el mercado ecuatoriano costaba 12 centavos de dólar por kg, pero lo vendía a Venezuela en 1.000 dólares cada kg. Así se movilizaron unos $ 23 millones.

Otro ejemplo es el de la compañía Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) que habría recibido $ 27,8 millones del sistema de compensación Sucre por ventas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, entre noviembre del 2011 y mayo del 2013. Las autoridades detectaron falsificación de facturas y sobreprecios. Como ejemplo, exportaban una desgranadora de maíz en $ 410.200, cuando realmente costaba $ 2.473. En este caso hubo sentencia por cuatro años.

Coopera, por su parte, habría efectuado 84 transacciones inusuales e injustificadas por $ 35,2 millones, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a las cuentas de 12 empresas de “papel”, a través del Sucre. En este caso también se obtuvo sentencia.

Los disímiles resultados de la justicia ponen bajo la lupa a otros jueces también. En el caso Foglocons, Salazar dijo que actualmente Gabriel Manzur, que fue parte de la Corte que apoyó el sobreseimiento, está prófugo por supuesto enriquecimiento ilícito. También se investiga a Silvana Valladares en relación con una transferencia a Manzur. Valladares fue defensora de Foglocons.