La preparación del proyecto de dictamen de admisibilidad de juicio político planteado en contra del presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, empezó desde la noche del 24 de marzo, con la solicitud de información a la Asamblea Nacional.

Al terminar la tarde del viernes, en una sesión extraordinaria, el pleno de la Corte Constitucional (CC) participó de una audiencia pública en la que se sorteó el magistrado que elaborará el dictamen de admisibilidad del primer juicio político a un presidente de la República desde la vigencia de la Constitución de 2008.

De un ánfora de cristal, el presidente del organismo, Alí Lozada, escogió al azar un papel en el que constaba el nombre de la jueza Teresa Nuques Martínez, quien será la ponente del texto.

En el mismo acto, ella recibió la documentación que respalda la solicitud de juicio político que impulsan los legisladores de oposición al régimen, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES); Mireya Pazmiño, separada de Pachakutik (PK); Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC); y, Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática (ID).

El caso se signó con el número 1-23-DJ y al avocar conocimiento del proceso para proceder con la admisión, Nuques ordenó que hasta las 11:30 de este 25 de marzo, la Asamblea Nacional remita las copias íntegras del expediente de juicio político “en donde se incluyan todas las peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas” de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), “en especial la resolución del 20 de marzo de 2023 y todo el respaldo de las actuaciones que se hayan realizado dentro de la presente causa”. Hasta el cierre de esta edición, los documentos no ingresaban en el sistema documental.

Según el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) la jueza tiene un plazo de tres días para presentar su proyecto, que se contabiliza a partir de la fecha del sorteo. Por lo que se prevé que el lunes presente su ponencia.

Ella revisará si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución; si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. Y, si en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político.

Presentada su propuesta, el presidente de la Corte convocará a sesión en las 24 horas siguientes y el dictamen se emitirá en las 48 horas y se resolverá con las dos terceras partes de los jueces, es decir, con el voto de seis de los nueve jueces.

En los cuatro años de gestión de este último pleno será la primera vez que en los quince años de vigencia de la Constitución se tramite un pedido de juicio político a un presidente de la República.

En el 2017, la anterior Corte Constitucional, cuestionada por su cercanía al expresidente Rafael Correa, dio paso a un juicio político al exvicepresidente, Jorge Glas, acusado de incurrir en concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

El pedido llegó durante el cambio de gobierno: de Rafael Correa a Lenín Moreno, que aunque ambos respondían a las filas del movimiento Alianza PAIS (AP), rompieron su relación política y de amistad.

Esta Corte se reconoce como independiente y en el último año dio una sorpresa al destituir a siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplir con una de sus sentencias, en la que ordenó designar al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).