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Incomunicaron a las bandas criminales que operan en las prisiones de Ecuador

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Incomunicaron a las bandas criminales que operan en las prisiones de Ecuador

Más de 1.000 teléfonos celulares han sido incautados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante las intervenciones a las prisiones de Ecuador, que desde hace una semana están bajo completo control del Estado, luego de la declaratoria del conflicto armado interno. El decomiso de los teléfonos móviles, así como la acción militar de retirar los cables proveedores de internet, son estrategias para debilitar a los grupos narcoterroristas que han hecho de las prisiones su centro de operación criminal.

El Gobierno de Ecuador repudió el asesinato del fiscal César Suárez y ratificó su compromiso en la lucha contra las bandas criminales

El fin de semana pasado, según recogió Ecuavisa, tan solo de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la cárcel más violenta del país y con la mayor población carcelaria, se requisaron 206 celulares. Con estos medios, los narcocriminales dan disposiciones para extorsionar, atentar en las calles y ordenar sicariatos. Se espera que de estos dispositivos se pueda extraer información e identificar a autores intelectuales de los delitos que se comenten en las ciudades del país.

 
En cambio, en Machala, una ciudad al sur de la costa ecuatoriana, los militares dejaron sin internet y sin televisión satelital a los presos del reclusorio de esa zona. En su cuenta de X (antes Twitter), el Ejército de Ecuador informó que luego de “una verificación del sistema eléctrico, se pudo evidenciar la existencia de cables de fibra y puntos de conexiones de internet que conducían a los pabellones”. Como respuesta, los efectivos militares retiraron e inhabilitaron “1.500 metros de cable UTP y cable coaxial, que eran utilizados por las personas privadas de la libertad, para tener conexión a internet y televisión satelital y de esta manera presumiblemente poder planificar actividades ilícitas desde el interior del centro penitenciario”.
Integrantes de la policía nacional de Ecuador durante un operativo  (EFE/José Jácome)
Integrantes de la policía nacional de Ecuador durante un operativo (EFE/José Jácome)

La crisis carcelaria en el país que estalló en 2021 y que ha dejado alrededor de 500 muertos en las prisiones fue uno de los detonantes de la crisis de seguridad que ahora enfrenta Ecuador. En marzo de 2022, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que las prisiones ecuatorianas están en manos de bandas criminales. Además, el Estado ecuatoriano reconoció que no tiene control de lo que sucede al interior de los Centros de Rehabilitación, que se han convertido en los cuarteles de operación de las pandillas carcelarias. En las cárceles de Ecuador, “los líderes de estos grupos (bandas criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”, indicó el informe de la CIDH.

Presos protestan en la Cárcel Regional de Guayaquil, en una fotografía de archivo (EFE/Jonathan Miranda)
Presos protestan en la Cárcel Regional de Guayaquil, en una fotografía de archivo (EFE/Jonathan Miranda)

Según la CIDH, los problemas del sistema carcelario del Ecuador son “se vienen acuñando desde hace por lo menos dos décadas”. Las principales razones de la crisis, de acuerdo al informe, son el debilitamiento de la institucionalidad, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su impacto en el ámbito penitenciario, que se realizó en 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno.

También entre las causas están la corrupción, la falta de un registro adecuado de las personas privadas de libertad, la disminución presupuestaria, la falta de personal de custodia, la ausencia de una política penitenciaria, la política de encarcelamiento y no de prevención del delito, el hacinamiento, la creación de mega cárceles, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, entre otros.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, presentó a inicios de este año sus cárceles con el “modelo Bukele”. Estas dos nuevas prisiones, que se ubicarán en la provincia amazónica de Pastaza y la costera de Santa Elena, tendrán capacidad para 736 presos.

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