El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, ha denunciado que los legisladores ecuatorianos reclamaron favores, incluso personales, para votar a favor del proyecto de estímulo a las inversiones presentado por el Ejecutivo. La revelación de Lasso llegó luego de que el congreso del Ecuador negara y archivara la propuesta de ley.

Lasso publicó en sus redes sociales que el proyecto de ley de inversiones no obtuvo los 70 votos para ser aprobado porque el Ejecutivo no aceptó los chantajes de los legisladores. Aunque no dio nombres, el presidente detalló que algunos congresistas pidieron cargos, “hospitales, empresas eléctricas, ministerios” y otros dinero en efectivo.

“Es el colmo de los colmos de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos, que quieren cambiar su voto por que no les cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad: unos por cargos públicos y otros por dinero, y otros por evasión de impuestos”, dijo con tono severo Lasso en un video que se difundió en sus cuentas oficiales.

El presidente que el pasado martes, en entrevista con Infobae, no quiso adelantar cuál sería el plan B si la ley no se aprobaba, ahora dijo que como presidente buscará los “mejores caminos constitucionales” para lograr las oportunidades que merecen los ecuatorianos. Según Lasso, “esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer y a los jóvenes ecuatorianos negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad”. Además, el presidente sentenció que los legisladores “son ladrones y corruptos”.

En la Legislatura hubo 87 votos a favor de negar y archivar el proyecto de ley de inversiones. Los votos provinieron de bancadas de Unión por la Esperanza (UNES) afín al correísmo, de la bancada indigenista de Pachakutik (PK) y de la Izquierda Democrática (ID).

Horas antes de la votación, el presidente Guillermo Lasso denunció que el excandidato a la Presidencia por la ID, Xavier Hervas, pidió que no se le cobren impuestos para que la bancada de su partido vote a favor de la ley: “Existen políticos que lo único que quieren es hablar con el presidente y piden ‘quítame de encima al SRI (Servicio de Rentas Internas), que no me cobren’. Eso es corrupción, y no estoy aquí para defender ningún interés particular de nadie”. El presidente Lasso, públicamente, dio el nombre de Hervas y puso en duda su condición de empresario: “Dice que es un emprendedor, y eso no me lo creo: o es emprendedor o evade impuestos”. Hervas y la bancada de la ID han negado las acusaciones de Lasso e incluso han advertido que pueden haber consecuencias judiciales por las declaraciones del presidente.

El proyecto de ley de inversiones que fue negado se envió a la Asamblea Nacional con carácter de ley económica urgente, lo que implicó que los legisladores trataran el proyecto de forma inmediata en no más de 30 días. El pasado 24 de marzo venció el plazo para el trámite y la ley fue negada. El proyecto contenía 260 artículos donde definía nuevas reglas para las asociaciones público-privadas, la creación de zonas francas, y modificaciones para 18 códigos y leyes vigentes.

El legislador y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del congreso del Ecuador, Daniel Noboa, quien lideró el trámite de la propuesta de inversiones dentro de la Legislatura, a través de un comunicado, expresó que la Asamblea Nacional “no ha sintonizado con las grandes demandas ciudadanas” y que “, lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a muerte cruzada. El país no aguanta caminar sin rumbo cierto y bajo el permanente cuestionamiento de su actuar”. La muerte cruzada es el nombre popular de la figura constitucional del Ecuador para la disolución anticipada de los poderes representativos. Bajo ciertos parámetros, como grave conmoción interna o bloqueo al plan nacional de desarrollo, el presidente o la Asamblea Nacional, pueden utilizar el mecanismo para disolver el congreso y convocar a nuevas elecciones de manera anticipada. Hasta que las nuevas elecciones se realicen, el presidente deberá gobernar bajo decreto ley. Lasso aseguró a Infobae que el gobierno no ha contemplado esta opción.

Aunque Lasso ha culpado a los asambleístas por no aprobar la ley, en la opinión pública ha recibido duros cuestionamientos por la falta de operadores políticos que puedan tender puentes entre la relación del Ejecutivo y el Legislativo, los señalamientos apuntan a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien está a cargo de la seguridad y el manejo político, dos puntos neurálgicos de la administración de Guillermo Lasso.