La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, enfrenta una tercera denuncia en su contra que busca su destitución como legisladora de la provincia de Orellana. Esta vez, su ex compañero de bancada, Bruno Segovia, la acusa de gestionar al menos 20 nombramientos de cargos públicos.
Hace dos semanas, la bancada Unión por la Esperanza (UNES), presentó dos denuncias en contra de Llori, por supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores y tráfico de influencias. El proceso está en manos de la presidenta de la legislatura para que sea incluido para su calificación ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El legislador Bruno Segovia, este 12 de mayo, oficializó la denuncia en contra de Llori y mostró una lista donde constan 20 nombramientos de personas que van desde la gobernadora de la provincia de Orellana, intendentes de Policía, comisarios, tenientes políticos, directores sociales y distritales que son allegados a la presidenta de la legislatura, son ex trabajadores de la prefectura y ex candidatos de Pachakutik, afirmó.
Segovia señaló que a raíz de la denuncia pública que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 24 de marzo pasado, afirmó que la ley de inversiones fue negada porque “no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto, y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno (…)”, recordó una conversación que tuvo los primeros meses del funcionamiento de la Asamblea en el despacho de la Presidenta, en la cual Guadalupe Llori, “me comentó que tenía una disputa con Magaly Orellana, actual prefecta de Orellana, y afirmó que para vea el poder que tiene, había puesto hasta el último teniente político en la provincia.
Con esos antecedentes, señaló Segovia, procedió a realizar sus averiguaciones para constatar si era verdad lo que Guadalupe Llori, le comentó “llegando a la conclusión que efectivamente había ejercido influencias para poner a varias personas en funciones del Ejecutivo, quienes son militantes del movimiento Pachakutik, y ex funcionarios del gobierno provincial de Orellana, en el periodo en que ella fue prefecta.
La lista de personas que según, el legislador Bruno Segovia, constan como funcionarios públicos de libre remoción en el gobierno actual en la provincia de Orellana y que tienen relación con Guadalupe Llori, es la siguiente:
Según el denunciante, la Presidenta de la Asamblea habría incurrido en las prohibiciones prescritas en el artículo 127 numeral 3 de la Constitución y en el numeral 3 del artículo 163 de la ley orgánica de la Función Legislativa; esto es, gestionar nombramientos de cargos públicos.
Como pruebas adjunta fotografías, acciones de personal, certificados de afiliación al movimiento Pachakutik.
El legislador Bruno Segovia en su denuncia pide que la denuncia sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y se remita al Comité de Ética para su respectivo proceso de investigación. (I)