La denuncia que la Fiscalía está a punto de presentar ante los juzgados por los pagos millonarios del Barça al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira se dirige, entre otros, contra el FC Barcelona como persona jurídica, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La Fiscalía acusará al club azulgrana de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. El delito se contempla en su modalidad continuada, lo que implica una mayor gravedad de las penas. Tras casi un año de investigación, la denuncia señaña también al expresidente de la entidad Josep Maria Bartomeu, a miembros de su equipo directivo responsables de los pagos y a Negreira, que hasta el año 2018 recibió, a través de una empresa, casi siete millones de euros del Barça por supuestas asesorías verbales cuya veracidad está en entredicho, según importa el diario El País.

Según el medio EFE:

«El problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español, está siendo investigado por la Fiscalía, en el momento en que formalice la acusación en vía judicial podremos actuar pero entenderá que el Gobierno no lo haga antes», dijo Iceta en el pleno del Senado.

El ministro respondió así a la pregunta del senador de Izquierda Confederal Pablo Gómez sobre las medidas que está tomando el ejecutivo para evitar los fraudes y las malas prácticas en el ámbito deportivo, ante los recientes casos investigados por la Fiscalía, entre los que destaca el del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y los pagos que le hizo el FC Barcelona.

«En este caso se ha producido una rara unanimidad entre la Federación Española de Fútbol, LaLiga y el Consejo Superior de Deportes, que se puede resumir en que de confirmarse es grave, según la legislación deportiva estaría prescrito y esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones y a partir de ahí decidiremos si conviene personarnos en el procedimiento judicial», añadió.

Iceta destacó que desde que se conocieron los hechos la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado un requerimiento de información tanto a los responsables del Comité Técnico de Árbitros como al Barcelona, y repasó el contenido de la nueva Ley del Deporte, «que ha reforzado los mecanismos para luchar contra los fraudes las malas prácticas en el ámbito deportivo».

Entre las novedades de la ley, Iceta resaltó la obligación de las federaciones y ligas profesionales de adoptar un código de buen gobierno, para el establecimiento de una estructura transparente e íntegra, así como prevención de ilícitos, y la inclusión como infracción de máxima gravedad las actuaciones para determinar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición, afecte o no el resultado, y las que supongan un intento de alterar desarrollo normal de una competición.

«En este caso, más allá de las sanciones deportivas que habrían prescrito, los hechos investigados, de confirmarse, pueden ser objeto de sanción penal, ya que entran en los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte», señaló.

El ministro insistió en «dejar actuar a la justicia». «Será entonces cuando podamos decidir personarnos en el procedimiento. Mientras tanto defendamos el buen nombre del deporte y los deportistas españoles», añadió.

En su pregunta, el senador Pablo Gómez (GPIC) pidió explicaciones a Iceta, tras conocerse que la Fiscalía presentará una denuncia contra el expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y contra el propio club, como persona jurídica, por los pagos de casi siete millones de euros al exdirigente arbitral, y después de que la RFEF haya afirmado «que una persona del Gobierno conocía el caso Negreria pero no lo denunció».

«La Federación descarga responsabilidades sobre un exdiputado del PSOE, que trabajó para el Barcelona, recibiendo los supuestos informes de Negreira y que ustedes rescataron como director general del CSD (en alusión a Albert Soler). No es que yo pretenda no ser respetuoso con la presunción de inocencia, pero no se quién dice la verdad y usted como ministro sí tiene que saberlo. Estas son las explicaciones que le pedimos hoy», indicó Pablo Gómez.

El senador consideró que «a pesar de la gravedad de las informaciones y el impacto del caso, el Gobierno ha intentado evitar posicionarse al respecto más allá de una declaración grande».

«La credibilidad del fútbol español es absolutamente incompatible con que un club pagara durante 17 años a una persona del comité por servicios que no ha podido justificar y que dejaron de producirse cuando dejó el comité», reprochó. EFE