La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central y República Dominicana (OACNUDH) publicó un informe sobre la cancelación de las organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a la libertad de asociación, y prácticas y normas que cierran el espacio cívico en Nicaragua.

El llamado “Informe Rápido Número 3″ explica la crisis en Nicaragua en ”cifras, hechos y derechos”. Comienza indicando que 159 organizaciones de la sociedad civil (OSC) fueron canceladas desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua.

“La reducción del espacio cívico se ha intensificado en los últimos meses”, denunció el escrito; al tiempo que subrayó que “desde 2018 comenzó una arremetida contra las organizaciones de la sociedad civil con la cancelación de la personalidad jurídica de nueve de ellas, varias dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos”.

“Entre 2019 y 2020 las cancelaciones se redujeron, pero, el Estado adoptó una serie de normas restrictivas de la libertad de asociación que, luego, serían la base de posteriores cancelaciones. En 2021, coincidiendo con las primeras detenciones arbitrarias en el periodo preelectoral (46 personas detenidas, incluidas siete aspirantes a la presidencia), Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 60 organizaciones. En lo que va de 2022, no ha habido mes en que la Asamblea Nacional no cancele masivamente a estas organizaciones (87). Se está viviendo el periodo más álgido”, subrayó el informe.

Una protesta por los presos políticos en Nicaragua (EFE/Bienvenido Velasco)

Luego indicó que “se promulgaron leyes que, lejos de utilizarse para dar una base jurídica a las ONG y garantizar sus derechos, han servido para mantenerlas bajo un estricto control y se las ha utilizado arbitrariamente para legitimar la adopción de medidas jurídicas contra ellas”.

El escrito consigna que, entre las 159 organizaciones canceladas, figuran tres partidos políticos que no pudieron participar en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Además, entre las universidades afectadas está la UPOLI, símbolo de las protestas estudiantiles de abril de 2018, que fue estatizada el 7 de febrero. Esta se convirtió en la Universidad Nacional Politécnica, “centro de educación superior del Estado”.

La OACNUDH enfatizó que 19 organizaciones relacionadas con la actividad médica han sido cerradas en plena pandemia de COVID-19. “Los médicos estuvieron entre quienes cuestionaron la política sanitaria del Gobierno. 12 organizaciones que promovían y protegían los derechos de las mujeres fueron clausuradas. En 2021, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales manifestó preocupación y recomendó a Nicaragua tomar medidas respecto a los estereotipos de género que continúan arraigados en la sociedad, al alto número de mujeres trabajando en el sector informal, al abuso y explotación que sufren las mujeres en algunos sectores laborales, a la elevada tasa de embarazos adolescentes, y al incremento de abortos inseguros”, continuó el informe.

En otro ítem, el estudio dio cuenta de que cuatro miembros de una fundación fueron condenados penalmente por supuesto lavado de dinero. Y se explayó: “A las medidas administrativas en contra de las organizaciones de la sociedad civil, se sumó la persecución penal contra sus miembros, una nueva dimensión represiva del cierre del espacio cívico y democrático. El 5 de febrero de 2021, la Fundación Violeta B. de Chamorro decidió suspender operaciones antes que registrarse como agente extranjero en el marco de la Ley 10406. En mayo de 2021, la directora de la fundación (y precandidata a la presidencia de la República), tres empleados de la organización y el hermano de la directora fueron detenidos bajo cargos de lavado de dinero y delitos conexos. En marzo, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la fundación y las cinco personas fueron sentenciadas a penas de prisión de hasta 13 años, multas millonarias e inhabilitación para ejercer cargos públicos en juicios en los que no se respetó el debido proceso. En ningún caso se ha podido establecer que los fondos recibidos por la fundación provenían de actividades ilícitas, prerrequisito para que se configure el delito de lavado de dinero”.

Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)

Por último, se mencionan dos nuevas leyes de 2022 que conculcan la libertad de asociación y el derecho a la educación: “La Ley 11157 contiene normas vagas o ambiguas que abrirían paso a la excesiva discrecionalidad o arbitrariedad de las autoridades; otras de sus disposiciones permiten la amplia interferencia estatal en actividades privadas. Por ejemplo, la norma dispone que la suspensión y cancelación de las organizaciones dependerán de decisiones administrativas y legislativas, no judiciales, y no establecen procedimientos de impugnación ante una autoridad independiente (Arts. 41 y 47); obliga a las organizaciones a obtener autorización estatal para desarrollar proyectos, previamente a su ejecución (Art. 34.25); prohíbe a las asociaciones promover ‘campañas de desestabilización’ en el país, lo que, en un entorno represivo como el de Nicaragua, puede afectar actividades legítimas que el Gobierno interprete como críticas a sus políticas (Art. 35.10)”.

En tanto, “la Ley 11148 somete a la potestad del Consejo Nacional de Universidades la aprobación de los ‘perfiles y planes de estudio de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y postgrado’. Los órganos de gobierno de las universidades ya no podrían decidir por sí mismos el contenido de los estudios ofertados”.

El informe completo: