El Gobierno de Ecuador reiteró este 27 de noviembre de 2022 que la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, que se desempeñó en el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa y que desde hace más de dos años permanece refugiada en la Embajada de Argentina, en Quito, no puede recibir el asilo que solicita por tener una condena en firme por corrupción.

Ante informaciones publicadas en medios argentinos sobre un eventual otorgamiento del asilo por parte del Gobierno del presidente Alberto Fernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aseveró en un pronunciamiento público que esta posibilidad está fuera de los tratados internacionales.

«Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes», quiso «recordar» la Cancillería ecuatoriana como portavoz de la administración del conservador presidente Guillermo Lasso.

Duarte, que fue ministra de Obras Públicas por casi dos años, entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y lleva más de dos años junto a su hijo adolescente, refugiada en la Embajada de Argentina, en Quito, en calidad de «huésped por razones humanitarias».

Más de dos años en la Embajada argentina

La exministra permanece en la sede la misión diplomática argentina desde el 13 de agosto de 2020, y desde entonces el Gobierno de Ecuador ha trasladado a sus pares argentinos su preocupación, así como la información de la situación jurídica que afronta.

Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso Sobornos 2012-2016, una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.

El expresidente Correa (2007-2017), que fue uno de los condenados a ocho años de cárcel en este caso en calidad de autor mediato (con dominio y conocimiento del hecho), siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha denunciado una persecución política para dejarlo fuera del tablero electoral.

Correa reside desde 2017 en Bélgica y alega tener la condición de refugiado por las autoridades belgas, lo que impediría que logre su objetivo una solicitud de extradicción presentada por la Justicia ecuatoriana al país europeo. Agencia EFE