El código Orgánico Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades (Coicpn), aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, propone un análisis de primer nivel sobre los alcances y límites de los 21 derechos colectivos en la sociedad ecuatoriana.

Dentro de los temas que generan mayor duda se encuentra el peligro de que esta propuesta facilite un Estado paralelo o “para-Estado”, como advierten algunos sectores, debido a la autonomía que generaría la ampliación de los derechos colectivos en materia de territorialidad y Justicia.

Para la asambleísta de UNES, Victoria Desintonio, el miedo a un Estado paralelo no debe existir pues, dice, el texto no contradice la Constitución de 2008. “El tema asusta a algunos reguladores y asambleístas, que piensan que se puede crear un Gobierno paralelo”, desestimó. Desintonio insistió ante LA HORA que el Código contiene lo necesario para desarrollar los 21 derechos colectivos sin contravenir la Constitución.

Según la asesora legal de la Fundación Pachamama, Cristina Melo, la aprobación en primera instancia del Código es un paso importante para plantear una ley que reúna “muchos de los temas y peticiones de los pueblos”.

Falta socialización

El Código de Comunas ha sido manejado con poca participación ciudadana, a pesar de lo expresado por la asambleísta proponente, Paola Cabezas. Las organizaciones y movimientos indígenas consultados por LA HORA advierten que es necesario abrir mayores espacios para la conocer de los alcances de la ley.

Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), comentó que, si bien fueron llamados a una reunión donde se les presentó el proyecto, no hubo profundidad en los planteamientos y en este momento se encuentran revisando el informe para poder emitir sus valoraciones.

Por su parte, Cristina Melo, de la Fundación Pachamama, apuntó que hasta el momento no han participado en ninguna consulta, pero esperan hacerlo en el proceso de consulta prelegislativa que iniciará la Asamblea Nacional, a través de la comisión de garantías constitucionales, apuntó, que es importante y un deber constitucional realizarla por parte de la Asamblea Nacional. Agregó que existen artículos que regulan la consulta prelegislativa.

Sobre esto, Desintonio señaló que este será un proceso que llevarán adelante junto a las comunas, pueblos y nacionalidades, tal como lo establece la Constitución.

Adelantó que será este espacio en el que se podrá poner los límites y alcances a la legislación. “Esta consulta prelegislativa debe aterrizar en los territorios, en los pueblos y nacionalidades, para luego establecer una nueva discusión que nos permita construir cada aspecto del código”, explicó. (ILS)

No es posible un ‘para-Estado’

Tanto la parlamentaria Victoria Desintonio, como la asesora legal de la Fundación Pachamama, Cristina Melo, coinciden en que los lineamientos del nuevo código no permiten el desarrollo de un para-Estado.

Desintonio dejó claro que durante la consulta prelegislativa se adelantará un proceso para la delimitación de los derechos tanto en la Justicia Indígena como en la territorialidad.

Para Cristina Melo no existe el riesgo de un estado paralelo, pues los límites de la Justicia Indígena ya han sido reguladas por sentencia de la Corte Constitucional.

Para la activista de derechos humanos, el código de comunas permite regular los derechos establecidos en la Constitución de 2008, en la que se reconoció a Ecuador como un Estado Plurinacional.

“No hay que tener ese temor, lo que hace es regular, recalcar y tratar de hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, que han estado y siguen en constante riesgo por la falta de inclusión”, apuntó Melo.

“Este código tiene varios elementos de interés, el tema de la posesión y titularidad de las tierras ancestrales, la regulación sobre derechos lingüísticos, entre otros temas sobre los 21 derechos colectivos se adoptan en este nuevo texto”.