El 30 de diciembre de 2022 quedará grabado como el día en que la vida de Dani Alves dio un vuelco sin precedentes. El prestigioso futbolista ahora experimenta las frialdades de la prisión preventiva, acusado de agresión sexual a una joven de 23 años en la reconocida discoteca Sutton de Barcelona.

Adentrándose en la cruda realidad penitenciaria el 20 de enero, Alves continúa su encierro en la desafiante atmósfera de la cárcel de Brians II. Casi doce meses después, desafía incansablemente los esfuerzos de su defensa por obtener la libertad provisional, a la espera de un juicio que determinará su destino.

La defensa de la víctima, liderada por Ester García, emitió un escrito de acusación a la Audiencia de Barcelona, en el que se dio a conocer las peticiones y garantías solicitadas por la parte denunciante en los efectos de la condena, que se conocerá en febrero, tal y como aseguró Mayka Navarro. La letrada pide doce años de prisión para el acusado, tres años más de los solicitados por la Fiscalía, publica diario AS.

La abogada también reclama una indemnización de 150.000 euros ($ 160.000) por las secuelas físicas y psicológicas originadas a raíz de la agresión. Una cantidad de dinero que rechazó la víctima en primera instancia, dado que su único objetivo era que se hiciera justicia y que el futbolista pagara por lo sucedido.

Sin embargo, la historia ha cambiado. El pasado 4 de agosto, Ester emitió un documento a la magistrada del caso, Concepción Cantón, donde expuso que se revocase la intención inicial de su clienta con respecto a la indemnización. La solicitud fue aceptada en tan solo 24 horas.

Garantías de cara al juicio final

Un cambio avalado y contemplado en la denominada ley del Solo sí es sí. Esta norma recoge la posibilidad de que la víctima pueda revocar la renuncia, si las consecuencias del delito terminan siendo más graves de lo que inicialmente se contemplaba.

“No era consciente de las consecuencias plenas del delito ni de las circunstancias sobrevenidas que le impedirían (…) el desarrollo de una sintomatología ansioso-depresiva de intensidad globalmente moderada y, por tanto, un deterioro importante en diversas áreas del funcionamiento diario”.

Por otro lado, la defensa de la víctima también solicita una orden de alejamiento de 1.000 metros y la prohibición de que el acusado se ponga en contacto con la joven por un periodo de diez años superior a la pena solicitada.

Es decir, un total de 22 años. La letrada también reclama garantías para su clienta en el momento que se celebre la vista final. Acompañamiento profesional durante el juicio, evitar una confrontación o contacto visual con el acusado y que no haya público durante la sesión.