Una camioneta cargada de tubos plásticos, sacos de cemento y tarros de pintura esperaba la mañana de este miércoles 17 en el ingreso principal del Centro de Privación Zonal 8. Trabajadores aguardaban para acceder hasta los predios de la cárcel La Roca, donde se ejecutan labores de adecuación.

Allí, obreros contaron que trabajan en varios frentes, como el pintado de canchas, instalación de tuberías para baños y construcción de varias paredes. Son parte de los avances de esa cárcel que se instauró como de máxima seguridad cuando terminó su construcción en el 2008. Desde el 2013 permanece cerrada.

Justamente, como parte de las acciones ante la crisis carcelaria, Fausto Cobo, principal del SNAI, declaró que ya está habilitada la planta baja de ese reclusorio y que aproximadamente cien reos se trasladarían a ese reclusorio.

En paralelo, en la Penitenciaría del Litoral, ubicada a unos 500 metros del Centro de Privación Zonal 8, el funcionario dijo que unos 1.000 militares y policías se ubican en el borde interior de los doce pabellones y en el denominado “corredor de la muerte”, un espacio que los divide de forma longitudinal.

“Estamos operando. Es un tema complejo. No somos mercenarios ni tampoco delincuentes para entrar en operaciones a bala limpia. Cuando las circunstancias sean de una amenaza tácita hay que intervenir, hay que disparar”, señaló.

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Por otra parte, el funcionario, que ingresó al reclusorio usando un chaleco antibalas, reconoció que aún está pendiente la incautación de las armas que se habrían utilizado en la masacre suscitada entre la noche del viernes y sábado pasados. Aquel episodio provocó 62 muertes. “Vamos a hacerlo, en el momento oportuno; no a la fuerza, con bala limpia, porque no somos criminales”, acotó.

Desde la tarde del pasado miércoles, el corredor de la muerte está ocupado por equipos militares y policiales, y además se ejecutaron operativos para destruir torres que se usaban por los reos. Además, con apoyo de maquinaria pesada, se realiza el retiro de escombros y maleza en espacios interiores y exteriores del complejo penitenciario, sobre todo del perímetro exterior que colinda con la orilla del río Daule.

Cobo además, durante una entrevista en Teleamazonas, sostuvo que los policías y guías no pueden utilizar armas en el interior de los pabellones, y también pidió que se bloquee la posibilidad de comunicación en el interior del reclusorio y que se levanten medidas legales que impiden poder actuar con “mayor rigurosidad”.

Ayer, en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral se registró un menor flujo de familiares de reos que buscaban noticias sobre sus allegados que cumplen condenas en ese reclusorio.

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Al igual que en días pasados, varios reos lograron recuperar su libertad la mañana de este miércoles 17. A su salida, ellos eran consolados por allegados que los esperaban en las afueras. Así fue el caso de Ángel A., de 24 años, quien alzó una Biblia para luego abrazar en medio de llanto a su padre, Walter.

Él contó que estuvo tres años en la cárcel por robo agravado y que en los últimos meses estuvo en el Centro de Detención Provisional, luego de ser trasladado del pabellón 5, donde hubo la masacre de septiembre pasado. “Ya no quisiera volver jamás. Gracias a Dios, sinceramente sentí en un tiempo que nunca más lo volvería a ver. Agradecido con Dios, que me dio otra oportunidad más”, dijo el joven, conmovido.

Por otra parte, Alexandra Ortega y dos allegadas esperaban iniciar el trámite para que su sobrino Luis, de 23 años, salga en prelibertad luego de nueve meses del año de condena por el porte de un arma. Por problemas económicos, la allegada dijo que esperaban contar con la asesoría de un defensor para lograr la salida del reo, que sigue en el pabellón 8. Ellas no pudieron entregar vituallas que esperaban entregarle al reo. “No tiene ropa, zapatos, todo se le ha perdido. Recién le están pasando comida, porque no le estaban pasando”, señaló otra de las allegadas.

Como parte de las acciones para disminuir el hacinamiento en las cárceles, meses atrás el Gobierno anunció que se tramitarían unos 2.000 indultos para reclusos de tercera edad, con discapacidad o con enfermedades catastróficas.

Por ahora, en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses continúan las labores para el reconocimiento de cadáveres. Hasta este miércoles 17, un total de 48 cadáveres ha sido identificado: 41 por huellas dactilares, 2 por antropología y 5 por ambos procesos. Asimismo, 43 cadáveres ya han sido entregados a sus familiares, y aún resta un grupo de 14 cuerpos por identificar. (I)