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Banca se volverá a someter a evaluación que sigue recomendaciones del FMI y Banco Mundial

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Banca se volverá a someter a evaluación que sigue recomendaciones del FMI y Banco Mundial

El sistema financiero del Ecuador será evaluado a través del instrumento denominado Programa de Evaluación del Sector Financiero. En el 2019 la Superintendencia de Bancos solicitó que se realizara esta evaluación que sigue recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Ya para mayo de este año se hizo una reunión preparatoria.

La autoridad explica que este tipo de evaluaciones son beneficiosas para el país para conocer en qué se puede mejorar la política pública en torno al sistema financiero.

 

¿Qué es el FSAP que se busca implementar nuevamente en sistema financiero del país?

El Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) es la evaluación del sector financiero nacional vía una serie de recomendaciones que realiza el FMI y el Banco Mundial, basadas en buenas prácticas internacionales de naturaleza micro y macroprudenciales, adaptadas a las circunstancias específicas de cada país; las cuales buscan contribuir a la homogeneización, transparencia y fortalecimiento del sector financiero.

 

¿En qué normativa legal está enmarcada esta decisión de retomar la evaluación del sector financiero?

 

No hay una norma legal que exija a un país someterse a este proceso. Sin embargo, los resultados de esta evaluación traen consigo beneficios al país, como es el fortalecimiento del sector financiero, en la medida que este avanza a mejores prácticas internacionales, garantizando de esta forma su estabilidad, resguardo de los recursos de los ahorristas, contribuyendo al crecimiento económico y reducción de la pobreza mediante procesos de inclusión financiera.

¿Es voluntario? ¿La Superintendencia pidió la evaluación?

Sí. La Superintendencia solicitó llevar adelante un FSAP desde el segundo semestre del 2019, por lo que es un gusto recibir una evaluación de este tipo, poner a prueba el sistema financiero mediante la evaluación del marco jurídico, la aplicación de pruebas de resistencia conocidos como stress testing, validar supervisión preventiva, prospectiva, efectiva y basada en riesgos, conforme lo define la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario del 2021. Una evaluación de esta calidad técnica luego de estos tres años de camino hacia mejorar la gestión en la Superintendencia es positiva para conocer todo aquello que se debe mejorar. Sus resultados permitirán a las autoridades gestionar mejores políticas económicas y financieras para fortalecer la regulación y supervisión bancaria, volviendo al sistema más resiliente, eficiente y eficaz. Asunto que ya lo demostró al salir del COVID-19 más líquido y capitalizado.

¿Desde cuándo arranca y en qué consiste este proceso?

La primera reunión preparatoria tuvo lugar a mediados de mayo del 2022, bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy regresa al país esta evaluación, habiendo transcurrido 18 años desde la última. Para este efecto la Superintendencia se encuentra en preparación del proceso y ha conformado un equipo de trabajo técnico y ha iniciado con el acopio de información y análisis respectivo. Esta evaluación no está enfocada únicamente en el estudio de las políticas económicas, sino en la situación jurídica, los derechos básicos para la actividad económica y financiera, el diseño de adecuado de las entidades y mercados financieros, y en la efectividad del marco regulatorio y de supervisión en tanto promotor de la solidez y solvencia del sistema.

¿Cuál es el rol del FMI y del BM en este proceso?

El papel del FMI y Banco Mundial es la de evaluadores del FSAP, son quienes pusieron en marcha esta evaluación a raíz de las crisis financieras de los años noventa.

¿Cuáles son los logros que se presentarán como cartas credenciales en este proceso evaluatorio?

Desde mayo de 2019, la Superintendencia de Bancos en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2024) ha diseñado con el afán de contribuir y preservar la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez del sistema financiero, el resguardo de los recursos de los depositantes, afiliados, pensionistas, partícipes y contribuyentes; reformas al marco normativo conforme a mejores prácticas internacionales, implementación de una metodología de supervisión basada en riesgos acompañada de la mejora del juicio experto del supervisor; y sistemas financieros inclusivos.

¿Cuál es la situación actual de la banca en cuanto a indicadores?

El sistema financiero bancario nacional entre mayo 2019 a mayo 2022 ha presentado un crecimiento sostenido que se ve reflejado en sus indicadores financieros. La Superintendencia en su estrategia de aproximación a estándares internacionales requirió la capitalización de las utilidades de los ejercicios 2019 y 2020 en 73 % y 84 %, respectivamente, lo cual ha contribuido a la solidez del sistema bancario.

La Ley determina que el patrimonio técnico de las entidades bancarias debe ser mínimo del 9 %, el cual durante el periodo de análisis ha sido excedentario, llegando a 13,5 % en mayo del 2022. Es decir que la banca privada mantiene un excedente de 4 % en sus niveles de solvencia, lo que representa $ 2.052 millones.

El desempeño de los depósitos refleja la confianza de los ahorristas en los bancos privados, al incrementarse en $ 3.329 millones entre mayo del 2021 y mayo del 2022 (8,88 %), constituyendo un saldo a mayo 2022 de $ 41.048 millones; el mayor dinamismo lo han tenido los depósitos a plazo con un 10,7 % de crecimiento. El crédito de la banca se ha incrementado en $ 7.687 millones de mayo del 2019 a mayo del 2022, creciendo en 27%, constituyendo un saldo total a mayo 2022 de $ 35.859 millones.

No hay que olvidar que durante 2020 debido a la pandemia del COVID-19 entre las medidas propuestas por la Superintendencia de Bancos al Ministro de Economía y Finanzas, Juntas de Política y Regulación Monetaria y Financiera y Junta de Política y Regulación Financiera se aplicó una “medida de alivio financiero” que consiste en el “Diferimiento de Obligaciones Crediticias”; a la fecha se mantiene apenas un 8,9 % del 37 % del total de créditos diferidos. (I)

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