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Asamblea Nacional posesiona a Raúl González como nuevo superintendente de Bancos y Seguros

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Asamblea Nacional posesiona a Raúl González como nuevo superintendente de Bancos y Seguros

La Asamblea Nacional, este 11 de agosto, posesionó a Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos y Seguros tras aprobar una resolución en el pleno que dispuso al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, proceda a tomar juramento al nuevo funcionario.

Con ello, la Asamblea no acató el fallo judicial que anuló la designación hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de González, que motivó incluso que el Ejecutivo remitiera una nueva terna para designar a esa autoridad de control.

Asamblea Nacional entra a debatir la posesión de Raúl González como superintendente de Bancos y Seguros

El pleno del Legislativo, con 79 votos, incluyó a debate en la sesión 791 una resolución planteada por la legisladora Mireya Pazmiño (PK-R) para debatir y resolver sobre la resolución n.º CPCCS-PLE-SG-028-E-2022-965, notificada por la secretaría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante oficio n.º CPCCS-SG-2022-0204-OF, del 22 de julio de 2022, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional para que la Función Legislativa cumpla con las disposiciones constitucionales y legales

 

En el debate, legisladores de Pachakutik, Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID) cuestionaron los últimos escándalos derivados por audios del consejero de Gobierno, Aparecio Caicedo, respecto a la presión para que González renunciara a la terna porque el presidente de la República ya no lo quería.

La resolución que fue planteada en el pleno tuvo los votos de 70 legisladores, los cuales provinieron del PSC, UNES y Pachakutik. Luego, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, ordenó la notificación al funcionario para proceder a la posesión de manera telemática, para lo cual hubo la conexión virtual respectiva y tomó el juramento de rigor.

 

El texto de la resolución aprobada es el siguiente:

 
  • Art. 1.- La Asamblea Nacional a través de sus órganos y autoridades, y en estricto cumplimiento del principio constitucional de independencia de las funciones del Estado, se abstendrá de acatar cualquier decisión judicial que interfiera en las decisiones de la Función Legislativa respecto de sus atribuciones y las de sus órganos, que son pleno, Presidencia, Consejo de Administración Legislativa, comisiones especializadas y la Secretaría General de la Asamblea Nacional.
  • Art. 2.- Disponer al presidente de la Asamblea Nacional proceda con la posesión inmediata ante este pleno del señor Raúl Agustín González Carrión como superintendente de Bancos, de conformidad con las atribuciones constitucionales y legales determinadas para la Asamblea Nacional y, por tanto, en esta misma sesión, so pena de incumplir la disposición en el numeral 7 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
  • Art. 3.- Exhortar al Consejo Nacional de la Judicatura para que analice el actuar de los jueces que han emitido resoluciones destinadas a interferir en las decisiones y atribuciones de las otras funciones del Estado.
  • Art. 4.- Disponer al secretario general de la Asamblea Nacional notifique el contenido de la presente resolución a las siguientes instituciones: Presidencia de la República; Corte Nacional de Justicia; Consejo de la Judicatura; Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y Superintendencia de Bancos.
  • Art. 5.- La presente resolución legislativa entrará en vigencia a partir de su adopción ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los once días del mes de agosto del dos mil veintidós.

Debate

Al sustanciar la propuesta de resolución, la legisladora Mireya Pazmiño (PK-R) indicó que al Ecuador no solo lo golpea la grave crisis económica, sino también la presencia de una descomposición política desde las más altas esferas del poder.

Manifestó que el país ha sido testigo de las operaciones realizadas por el Gobierno nacional para meter la mano en las demás funciones del Estado, como en el Consejo de Participación Ciudadana y en el Consejo de la Judicatura, así como la manipulación que se ha generado en algunos jueces que se han prestado al juego político, pero que la actual Asamblea no lo permitirá.

“No podemos convertirnos en el Parlamento que mira desde lejos todo el desastre que se genera en las demás funciones del Estado, producto de las decisiones cuestionadas de la Función Ejecutiva”, acotó.

La oficialista Nathalie Arias (BAN) centró su discurso en la atribución del Ejecutivo de remitir al CPCCS la terna para la designación del superintendente, del Consejo para la verificación de los requisitos y de la Asamblea Nacional para la posesión y el control político.

Dijo que el 27 de julio la Asamblea se abstuvo de posesionar a González porque una jueza aceptó una medida cautelar en contra de la designación hecha por el CPCCS, y que esa decisión fue acertada.

Esteban Torres, del PSC, en cambio, manifestó que la Asamblea Nacional no puede estar supeditada a la injerencia de ningún otro poder por la coyuntura que sea. “No puede estar supeditada a los antojos de cualquier bando, grupo o individuo; tiene que hacerse respetar”, exclamó.

A su criterio, en el país se vive un festival de acciones constitucionales y garantistas lamentablemente deformadas por la interpretación dada por jueces y políticos. Actualmente, añadió, la Asamblea Nacional se enfrenta a un mero acto protocolario de posesión de una persona que ganó el concurso en el CPCCS; aquí no media ninguna votación ni postura de los bloques, y calificó como una burla para el país que ahora cualquier juez pretenda impedir a la Asamblea ejercer una atribución.

Se debe dejar claro que la Asamblea no va a estar al vaivén de la decisión de los políticos, de los jueces de pacotilla o de los intereses del momento, dijo a la sala.

Johanna Moreira, de la ID, manifestó que, por más que no guste una decisión del CPCCS, hay que respetarla, y la Asamblea tiene la atribución de fiscalización. Dijo que por los audios reveladores del consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, el primer mandatario debería desvincularlo e incluso debería ser llamado a la Fiscalía para que explique el escándalo e investigar el caso por tráfico de influencias.

José Chimbo (Pachakutik) se pronunció a favor de la posesión del superintendente de Bancos, pues señaló que no se trata de agrados o desagrados o de gustos, sino de respetar la seguridad jurídica en el Ecuador.

Lo grave de todo esto, advirtió Chimbo, es que se pretende sentar jurisprudencia, porque se pretende instaurar que los resultados de los concursos con veeduría ciudadana se boten al tacho de la basura. La Asamblea debe mandar un mensaje potente a la Justicia para que no se entrometa en otras funciones del Estado, anotó.

La participación de Ferdinan Álvarez (UNES) se centró en cuestionar la sentencia de la jueza Larissa Ibarra, del cantón Samborondón, respecto a la medida cautelar para anular la designación de González, e intentó en su discurso enlazar la idea de que la jueza en este caso es la misma que devolvió el cargo de consejero del CPCCS a Hernán Ulloa. (I)

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